El voto de los peruanos en el exterior y la creación de la circunscripción electoral especial del Quinto Suyo, un eje de la reforma política

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Se trata ahora de complementar el derecho al sufragio con el derecho a la representación propia, a través de la creación de un distrito electoral para los peruanos que viven en el exterior. De poner sus derechos políticos en igualdad jurídica con quienes habitan en el territorio nacional.

Las crisis de la corrupción y de la COVID-19 constituyen desafíos para la capacidad de resiliencia y respuesta del Estado y los ciudadanos para defender y consolidar la democracia. Las reformas políticas no se deben detener

Más allá de los avances parciales que ya se han aprobado, hay cuestiones esenciales pendientes como prohibir que personas jurídicas nacionales o extranjeras financien a los partidos o movimientos políticos – como se hace en Chile-  y eliminar el voto preferencial.

Pero hay otra reforma aún no valorada en su dimensión real, que hace a la naturaleza inclusiva de la democracia y el sistema político. La representación de las comunidades peruanas en el exterior en el Congreso de la República.

El principio de representación de la población en los órganos políticos de gobierno es el componente esencial de la vida democrática. No existe democracia sin órganos de representación popular elegidos por el sufragio universal. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano esencial.

Conforme a la Constitución, todos los peruanos y peruanas tienen derecho a la igualdad ante la ley. A participar en forma individual o asociada en la vida política, a ejercer los derechos a elegir y ser elegido. De estos derechos no puede ser excluido nadie por el hecho de fijar su domicilio fuera del territorio nacional. El texto constitucional no admite esta discriminación. La regulación de los derechos políticos no puede estar dirigida a restringir su ejercicio, sino a asegurarlo sin discriminación de ninguna naturaleza.

En el mundo viven más de tres millones de peruanos y peruanas en el exterior (según cifras del INEI al 2017 ya eran 3’089,1239). El Perú no ha sido históricamente una sociedad de emigración. Desde inicios de la República fue más bien un Estado que estimuló la inmigración. Es la historia de la inserción de corrientes migratorias procedentes del África, el Asia y Europa que contribuyeron a la pluralidad cultural y étnica de la sociedad peruana.

Recién, hace muy poco, desde mediados de la década de los ochenta, el Perú se convierte en una sociedad de emigración.  En tres décadas se produjo un desborde del éxodo de peruanos hacia el exterior. Según datos censales, en 1980 vivían en Estados Unidos 55,496 peruanos, hoy superan el millón. En 1991 los peruanos en Buenos Aires eran 15,939. En solo una década se decuplicó esa cifra. El Estado peruano no estuvo preparado para una transformación de esta naturaleza. Los servicios consulares, concentrados desde 1821 en las relaciones económicas y comerciales, se encontraron abruptamente frente a cientos de miles de ciudadanos peruanos en situación migratoria regular o irregular, que demandaban al Estado políticas inclusivas de atención y protección.

Hasta la década de los noventa los consulados se autopercibían como instancias de autoridad, asociadas a responsabilidades casi exclusivamente económicas y comerciales.  Con un distanciamiento hacia los migrantes propio de una relación autoritaria entre gobernante y gobernado. Era la imagen del cónsul prefecto. Como describe Ulla D. Berg (Contemporary Nation Building and the Political Economy of Emigration in Perú), esta estructura entró en contradicción con las demandas de las oleadas de migrantes. Solo a partir del 2003 se produce una reforma profunda en la concepción de la relación del Estado con los peruanos en el exterior. Se pasó del paradigma del cónsul prefecto al del cónsul servidor público.

Se puso en el centro del vínculo de las comunidades en el exterior con el Estado un enfoque de derechos. La reforma que adopté -ejercía el cargo de canciller en ese entonces- estableció siete políticas esenciales: reforma y mejora cualitativa de los servicios consulares; protección legal; asistencia humanitaria; revinculación económica y productiva de las comunidades con el Perú; revinculación de las identidades nacionales y culturales, un enfoque descentralizado; inserción productiva, legal y respetuosa de los derechos humanos de los peruanos en las sociedades de recepción y promoción del ejercicio de la ciudadanía y la participación en la vida política. Estas políticas continúan siendo los referentes de los vínculos del Estado con los nacionales en el exterior, con avances y retrocesos, aciertos y errores. Pero han tenido la virtud de crear las condiciones para una vasta movilización de las organizaciones de los peruanos en el exterior. Contribuyó a empoderar sus derechos. Y entre ellos el derecho a elegir y ser elegido.

De este espacio de la sociedad civil surgieron la demanda y el activismo institucional para pedir al congreso y a los sucesivos gobiernos la creación del distrito electoral del Quinto Suyo. Desde el 2001, decenas de organizaciones en Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Denver, París, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Santiago (especialmente la Federación Mundial de Instituciones Peruanas – FEMIP, liderada por el ingeniero Julio Salazar) vienen movilizándose a favor de esta justa reivindicación.

A este activismo contribuyó desde mucho antes el hecho de que la Constitución de 1979 reconociera el derecho al sufragio electoral de los peruanos en el exterior. También la práctica acumulada de su activa participación en todos los procesos electorales posteriores.

Se trata ahora de complementar el derecho al sufragio con el derecho a la representación propia, a través de la creación de un distrito electoral para los peruanos que viven en el exterior. De poner sus derechos políticos en igualdad jurídica con quienes habitan en el territorio nacional. Las modalidades específicas de la representación las debe debatir y decidir el congreso y llegar a una fórmula de consenso, que no debería ser menor a la elección de dos congresistas por el nuevo distrito electoral. Puede ayudar a la labor del congreso una mirada comparada a la legislación ya existente en países como Italia, Portugal, Colombia o Ecuador.

Desde la perspectiva de la cohesión social, sería una decisión que fortalecería el nosotros de la vida política peruana. Y, evidentemente, el perfeccionamiento del régimen de derechos políticos que reconoce la Constitución.

Las comunidades peruanas en el exterior son el principal difusor de la identidad y la cultura peruana en el mundo. El retorno temporal de los migrantes para el reencuentro con su localidad de origen y sus familias constituye un rubro muy importante de los ingresos por turismo. Y las remesas a sus familiares, más de tres mil millones de dólares al año, son sin duda el principal programa de lucha contra la pobreza en el país y de mejora de los ingresos de los emergentes estratos bajos no pobres de la población.

Esta reforma debe hacerse de inmediato. Con miras a las elecciones generales del 2021. Ha sido respaldada durante la última campaña electoral por la mayoría de las fuerzas políticas representadas hoy en el Congreso. La coherencia y la consecuencia en las conductas políticas deberían asegurar su aprobación por consenso o por una muy amplia mayoría. 

* Ex canciller de Perú