La inseguridad ciudadana es la principal amenaza para los pequeños negocios en el país
El panorama de la criminalidad en el Perú está en constante cambio y, aunque comúnmente se habla del narcotráfico, la corrupción y la minería ilegal como las principales fuentes de delitos, hay un grupo que está sufriendo un impacto severo: los micro y pequeños negocios. Estos pequeños comercios se enfrentan diariamente a la amenaza de extorsiones, secuestros y préstamos abusivos que, además de poner en riesgo sus operaciones, afectan directamente la economía del país y el sector microfinanciero.
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde Flores, ha señalado la gravedad de esta situación, destacando su impacto negativo en la inversión privada. El Índice Global de Crimen Organizado 2023, publicado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, posiciona al Perú en el puesto 32 entre 190 países con alta criminalidad, una clasificación que tiene serias repercusiones económicas y sociales.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en 2017 reveló que el costo directo del crimen en América Latina es, en promedio, un 3,5% del PIB, el doble de lo que afecta a los países desarrollados. En Perú, la cifra en 2014 era del 2,8% del PIB, pero la situación ha empeorado en la última década. Economistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú estiman que la violencia actualmente equivale al 5% del PIB del país.
La inseguridad no solo afecta a nivel macroeconómico; los microempresarios, que representan el 96% de las empresas del país y emplean al 45% de la población económicamente activa, también están siendo duramente golpeados. Aunque la extorsión ocupa el puesto 13 de 15 entre las modalidades criminales en el Perú según el Índice Global de Crimen Organizado, su impacto es devastador a nivel microeconómico.
Los empresarios no solo sufren por las pérdidas directas sino también por los sobrecostos generados al invertir en medidas de seguridad adicionales. Juan José Marthans León, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y Edmundo Lizarzaburu Bolaños, profesor de la Universidad ESAN, coinciden en que la inseguridad ciudadana frena la inversión y afecta el crecimiento económico del país.
El Fondo Monetario Internacional advierte que un aumento de la tasa de homicidios frena considerablemente el crecimiento económico, ya que la inseguridad desvía recursos hacia inversiones menos productivas. Reducir la delincuencia al promedio mundial podría incrementar el crecimiento económico anual de América Latina en 0,5 puntos porcentuales.
Mientras tanto, la respuesta institucional a la delincuencia en Perú enfrenta múltiples desafíos. Aunque el gobierno ha destinado más recursos a la seguridad ciudadana, la ejecución de estos recursos sigue siendo ineficaz debido a problemas de gestión. Las liberaciones de delincuentes capturados por la Policía generan una sensación de impunidad y desmotivan a las fuerzas del orden.
La situación es crítica y requiere una acción conjunta entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Solo a través de una estrategia integral y coordinada se podrá mitigar el impacto de la delincuencia en la economía y la vida de los ciudadanos peruanos.
